DESAFÍOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL

 Héctor Casanueva

Para el 2050 habrá dos mil millones de personas más en el mundo, las clases medias representarán el 30% del total global, el 80 % de la población mundial vivirá en zonas urbanas, el mayor crecimiento demográfico se producirá en los países emergentes y menos desarrollados, y la red internet, que ya utiliza cerca del 40% de la humanidad, crecerá hasta cubrir el planeta. Satisfacer la demanda de alimentos y servicios de nueve mil millones de personas, con una estructura poblacional y socioeconómica como esta, solo es posible mediante el libre, suficiente, seguro, eficiente y equitativo flujo comercial internacional.

Estos requerimientos involucran al comercio de bienes y de servicios asociados, que al mismo tiempo necesita de un entorno macroeconómico estable, con sustentabilidad ambiental. Los datos aportados, por sí solos constituyen un referente y un horizonte para las decisiones estratégicas que deben ser abordadas hoy tanto a escala nacional como global, para las cuales las instituciones públicas, el sector privado y el sistema internacional económico, financiero y comercial necesitan estar preparados. Ello implica, tanto para la propia institucionalidad como para los países miembros, mirar prospectivamente, adecuar la arquitectura de acuerdos y procedimientos a un escenario de multidependencia ineludible, y gestionar el presente a partir de escenarios de futuros deseables y posibles.

La Organización Mundial del Comercio, instituida por el Acuerdo de Marrakech de 1994 y establecida el 1 de enero de 1995, es la más joven institución del orden económico internacional (entre otras como el Banco Mundial, el FMI, la UNCTAD). Representa el sistema multilateral de comercio del que participan 160 países (la más reciente integración ha sido, en junio, la de la República de Yemen), y constituye asimismo el foro multilateral que resguarda el cumplimiento de las reglas del comercio internacional y donde se deben resolver las diferencias entre sus miembros.

La OMC lleva adelante desde el 2001, con la llamada Ronda de Doha, un complejo proceso de negociaciones que, en mi opinión, apunta en esta dirección de futuro. Si bien los países miembros no han logrado cerrar los 21 temas del Programa de Desarrollo de Doha, que tienen por fin ampliar y profundizar la apertura comercial multilateral que históricamente comenzó en 1947 con el GATT, la OMC en sus dos décadas ha ido incorporando al acervo común, con mayor o menor amplitud y profundidad, nuevos temas, como las telecomunicaciones, las nuevas tecnologías de la información, los servicios financieros y algunos temas de propiedad intelectual relacionados con el comercio, en un proceso constante de negociaciones y acuerdos bilaterales y plurilaterales entre sus miembros.

El aporte de la OMC de alcance global más significativo a la mayor apertura del comercio, el primero adoptado por todos los miembros desde su creación, es el acuerdo alcanzado a nivel ministerial en Indonesia el 7 de diciembre de 2013, conocido también como “Paquete de Bali”, que comprende un acuerdo sobre facilitación del comercio, temas del comercio agrícola y temas de desarrollo, incluida la situación de los países menos adelantados, cuyo objeto es dar mayor agilidad a las operaciones del comercio de bienes, eliminar barreras burocráticas, simplificar procedimientos y normas, remover obstáculos, y a la vez apoyar la incorporación de los países menos adelantados a las cadenas de valor. Se estima que la plena vigencia del acuerdo, que tomará aún un tiempo en ser implementado por todos los miembros, tiene un potencial de expansión comercial de largo plazo que podría contribuir a aumentar el PIB mundial en más de US$ 960 mil millones anuales. Bali no sustituye ni menos aún interrumpe la negociación global más amplia de la Ronda de Doha; más bien constituye una reafirmación de la posibilidad de alcanzar multilateralmente metas aún más ambiciosas como las contenidas en el Programa de Doha para el Desarrollo.

¿Qué tiene que ver todo esto con Ud. como trabajador, profesional, empresario y consumidor? 

Prácticamente todo: la generación de empleos, el incremento de los salarios reales, la calidad de los productos y servicios, la seguridad de los alimentos que consumimos, los mejoramientos en los servicios, el transporte, incluso la internacionalización de la educación y la circulación de profesionales, entre otros, dependen de la existencia de normas claras y seguras que protejan los intereses de los consumidores, estimulen las exportaciones e importaciones, eliminen distorsiones o barreras y produzcan equidad y fair play en el comercio internacional. Según ha informado el Director General de la OMC, solo en términos de empleo la vigencia del acuerdo de facilitación de comercio, un mandato de la Ministerial de Bali, podría generar hasta 2 millones de nuevos puestos de trabajo, la mayoría en los países de menor desarrollo.

DEBATE SOBRE EL ESTADO DEL BIENESTAR

Estado del bienestar: un debate mal planteado

Héctor Casanueva

El discurso del rey de Holanda ante el Parlamento, en el que señala la insostenibilidad del “clásico Estado del bienestar” y su sustitución por una “sociedad participativa”, ha caído como agua de mayo a los euroescépticos y a la derecha del Estado minimalista en Europa y también por estos lados. Curioso, además, que lo plantee un monarca en un país gobernado por la socialdemocracia, que es el cuarto del mundo en el Índice de Desarrollo Humano, tiene un desempleo en torno al 7% y un per cápita de US. 46.000.- ¿Qué queda entonces para España o Grecia? ¿Y para nosotros?

Desde que la crisis de 2008 comenzó a poner en evidencia los problemas financieros de los países europeos, se volvió a instalar con mucha fuerza el debate iniciado hace tres décadas por el thatcherismo, acerca del modelo de protección social característico del viejo continente, llamado “Estado del bienestar”, y que es indisociable del proceso de integración de Europa, basado en solidaridad, paz y cooperación.

Las dificultades para asegurar su financiamiento, con los consiguientes recortes presupuestarios en las prestaciones, así como los efectos del reto demográfico, entre otros factores, pero especialmente la crisis de empleo, especialmente juvenil, generan una distorsión en este debate. Por un lado se considera que la crisis es consecuencia del modelo, y por otra quienes la sufren exigen que el Estado no solo mantenga, sino intensifique las políticas de protección social, pese al problema real de financiamiento público, producto a su vez, de una pérdida de competitividad de las economías europeas, incapaces de crecer y crear empleo.

La discusión sobre el modelo se ha trasladado con cada vez mayor intensidad a América latina, donde se han ido alineando tres posiciones: una de derechas, muy crítica del modelo europeo y que coincide en atribuir al mismo su crisis financiera, con la consiguiente advertencia de que no se nos ocurra adoptarlo, abogando por políticas asistenciales muy acotadas y una protección social centrada en la responsabilidad individual; otra, de izquierdas, que aboga por un Estado fuerte y protector, muy presente en los distintos frentes de la vida económica y social, con importantes dosis de populismo, y muy riesgoso en términos de estabilidad económica. Una tercera, que podríamos llamar de centroizquierda, cuyo planteamiento es de un Estado que asegure una protección social universal básica en educación, salud y pensiones, debidamente financiada a través del crecimiento económico y políticas fiscales responsables.

Si queremos despejar el tema central y de fondo, cual es el rol del Estado en la sociedad, creo del caso hacer algunas consideraciones para aportar al necesario análisis del tema, justamente cuando en Chile y otros países se avanza en sistemas de protección social que tienen como referente la experiencia europea, con la ventaja de que podemos observar sus fortalezas y debilidades en medio de una crisis que no estamos sufriendo. Lo primero es distinguir entre "Estado del bienestar" y "estado benefactor", pues no significan lo mismo. El primero, implica una responsabilidad que debe asumir el Estado como garante del bien común, en una concepción solidaria de la organización social, para hacerse cargo como sociedad de garantizar estándares mínimos de calidad de vida a toda la población, dadas las inequidades que inevitablemente se generan en el cuerpo social por la sola aplicación de las leyes del mercado. Lo segundo, que es a lo que se dirige la crítica de la derecha más consciente, implica una deformación y extralimitación del concepto anterior, ya que traspasa solamente al Estado las responsabilidades de la propia vida, y ello evidentemente no solo implica una injusticia, sino un adormecimiento de las capacidades de emprendimiento, con las consecuencias de pérdida de productividad y competitividad general, además de ser insostenible financieramente. A esto último es que se refirió el rey de Holanda, y a lo que se refieren muchos partidos y líderes europeos, CDU incluida, que necesariamente debe ser reformado, avanzando hacia la necesaria “co-responsabilidad” en el bienestar, pero en ningún caso se debe interpretar como el llamado al abandono de una política social que está en la raíz y el fundamento mismo de este modelo. Hace unos meses, la ministra de asuntos sociales de Francia, Mme. Marisol Touraine, en un interesante coloquio en la Universidad Central de Chile, nos afirmaba categóricamente que el estado del bienestar no estaba en discusión, sino su financiamiento. Y así como el rey holandés plantea una "sociedad de la participación", para connotar esa co-responsabilidad en el bienestar social, Felipe González y otros líderes plantean el concepto de una "sociedad del bienestar", pero todos apuntando a lo mismo. En América latina estamos entrando en un largo período electoral, empezando por Chile en noviembre, y seguido de varias elecciones presidenciales en otros países entre 2014 y 2015, que se dan en momentos en que la economía mundial, especialmente asiática, parece ralentizarse, parece muy oportuno que los programas de las candidaturas tomen en consideración este debate y la experiencia europea, y adopten las propuestas más adecuadas a cada realidad para asegurar políticas públicas apropiadas.

Europa y las migraciones: una paradoja

Europa y las migraciones: una paradoja
Héctor Casanueva
(Publicado en AMÉRICA ECONOMÍA, septiembre 2010)

La Unión Europea vive en una constante paradoja frente a la inmigración. Es difícil comprender la expulsión de los gitanos en Francia o las leyes represivas de Italia, por citar un par de casos, cuando Europa necesita cada vez más inmigrantes para mantener y llevar el crecimiento económico a los niveles que le permitan competir globalmente y financiar la seguridad social.

Actualmente hay una persona mayor de 65 años por cada cuatro económicamente activas, pero en 2050 cuatro trabajadores contribuyentes deberán sostener a tres jubilados. Por eso, sólo en el caso de Alemania los cálculos indican que necesita incorporar 500 mil inmigrantes anuales, y en toda Europa, de mantenerse constantes los indicadores -o sea, si no se hace nada- el número de trabajadores se reducirá en 68 millones en cuarenta años más. La Comisión Europea acaba de poner en discusión el documento “Hacia un sistema europeo de pensiones adecuado, sustentable y seguro”, con escenarios al 2060 que combinan la postergación de la edad de jubilación, el aumento de las cotizaciones y sistemas híbridos entre acumulación y capitalización -todas ellas son medidas muy resistidas- los que en cualquier caso llevan a concluir que se necesita recibir en los próximos años a millones de inmigrantes. De hecho, el informe oficial del denominado “Grupo de Reflexión sobre el futuro de la UE 2030” menciona la cifra de 100 millones, y es enfático en afirmar que para enfrentar “el reto demográfico” es imprescindible incrementar la fuerza de trabajo y adoptar una política migratoria equilibrada, justa y “anticipatoria”.

En una Europa que envejece, con una expectativa de vida que aumentó en siete años en las últimas décadas, pero que hacia mitad de siglo aumentará en diez o quince años más, los inmigrantes aportan juventud y fuerza laboral, ya que actualmente su promedio de edad es de 34 años, frente a los 41,2 años de los autóctonos. Según el Banco de España, los inmigrantes contribuyen con la mitad de la tasa de crecimiento del PIB, o sea, si crece al 2%, un 1% es aportado por el trabajo, el consumo y los impuestos que pagan los inmigrantes. Es de suponer que esto también ocurre en los demás países. Asimismo, como el informe antes citado señala, las migraciones aportan la diversidad necesaria para estimular la creatividad y la innovación, base de la competitividad.

La UE está frente a un dilema mayor, de cara a la nueva correlación geopolítica y geoeconómica mundial: si se imponen las visiones restrictivas y proteccionistas, las posibilidades de ser un actor relevante en el contexto global irán disminuyendo progresivamente, porque sin inmigración no podrá sostener el crecimiento, atender a sus adultos mayores ni competir con Estados Unidos o el Asia. Esto no será bueno para Europa y tampoco para los equilibrios globales en el nuevo orden internacional.

La controversia actual sobre este tema entre algunos gobiernos de los estados miembros, los órganos supranacionales de la UE y la sociedad civil organizada, tensiona también las bases de la integración y su institucionalidad. Hay que ver de qué manera lo comunitario logra imponerse, tarea que pone a prueba, una vez más, la visión estratégica y la capacidad política de sus líderes. Por nuestra parte, debemos mirar atentamente ese proceso, tanto por las similitudes en cuanto al reto demográfico –de hecho en Chile y otros países latinoamericanos ya se vive un fenómeno de estancamiento demográfico y aumento de la expectativa de vida que ponen en riesgo la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social- como porque la UE es un socio estratégico cuya fortaleza o debilidad también nos concierne.

En busca de un modelo para la integración de América

En busca de un modelo para la integración de América Latina

Héctor Casanueva
Publicado en El Mostrador
22 de Marzo de 2010

Los presidentes del Grupo de Río, del Caribe y Centroamérica, reunidos hace unas semanas
en Cancún, acordaron la creación de un foro político latinoamericano que podría ser la base de
un proyecto común para la integración regional. No obstante, dadas las diferentes lecturas que
los presidentes han dado a este acuerdo, incluido nuestro actual gobierno, debemos esperar y
ver si efectivamente hay coincidencia de objetivos y de instrumentos.
No debemos olvidar que la integración es un proyecto político, con una base económica,
centrado en la cooperación. Si falta uno de estos elementos, no hay real integración. Si
analizamos los dos proyectos integracionistas exitosos existentes en la historia moderna –los
Estados Unidos de América, y la Unión Europea- ambos cuentan con los tres componentes
señalados, de manera copulativa y en plena aplicación. Para que la integración funcione,
además, debe contar con un consenso político básico y articularse en torno al principio de
subsidiaridad, que está en la raíz de la construcción institucional e instrumental del proceso.
Contrastada con los tres componentes señalados, la integración latinoamericana tiene una
cierta base económica constituida por la red de más de cien acuerdos de complementación
suscritos en el marco de la ALADI, del Mercado Común Centroamericano y del Caricom. Le
falta la incorporación de los servicios y la armonización de las políticas públicas económicas, y
desarrollar los sistemas de facilitación del comercio. Tiene, asimismo, una cierta base de
cooperación, mediante acuerdos específicos sectoriales bilaterales, plurilaterales o
subregionales, en el seno del Mercosur, de la Comunidad Andina o del Sistema de Integración
Centroamericana, en materias que van desde la seguridad, la educación, la salud, la seguridad
social, hasta las resoluciones judiciales. Convenios como el Hipólito Unanue, en salud, y el
Andrés Bello, en educación y cultura, son ejemplo de lo señalado. Hay también programas de
cooperación horizontal entre países. Falta, sin embargo, la convergencia y armonización de las
políticas públicas en estos campos.
Lo que todavía no tenemos, es un verdadero proyecto político común que le de sustento a la
integración, de ahí su carácter incompleto. Tal proyecto existió en la fundación de las
repúblicas americanas, no sólo por inspiración de Bolívar, sino de todos los próceres de la
independencia. Fue retomado a mediados del siglo pasado con fuerza y decisión política, pero
sin asidero en una realidad tan disímil y compleja, con la formación de la ALALC
(posteriormente transformada en la ALADI), el Pacto Andino (posteriormente la CAN), que
debieron ser adaptados y flexibilizados, y el MERCOSUR que no logra definirse aún como
proyecto político propiamente tal. La creación del Grupo de Río en su momento representó una
posibilidad de convergencia política para dar sustento a la integración, pero se fue
progresivamente devaluando su densidad, lo que se aceleró con la creación del ALBA, la
Comunidad Sudamericana de Naciones y posteriormente la UNASUR, proyectos limitados por
la geografía, por sus alcances sectoriales y diversidad de visiones.
El escenario de máxima variabilidad y divergencia actual es explicable, si reconocemos la
diversidad latinoamericana histórica como un hecho que, a los efectos de la integración, se ha
ignorado sistemáticamente, tratando de homologar países y subregiones, en lugar de
armonizarlas. Los modelos de integración han saltado por los aires, porque no se ajustan a los
tiempos de la globalización y la competitividad, y complican más que facilitan las estrategias de
desarrollo de sus miembros.
Veamos: la Comunidad Andina y el MERCOSUR se crearon como Uniones Aduaneras, o sea,
como espacios cerrados y protegidos, al estilo del primer modelo –ya superado-de la
Comunidad Económica Europea del Tratado de Roma. En nuestra región, esto se daba justo
cuando en el mundo se globalizaban el comercio y las finanzas, y por lo tanto lo que se
requería era un diseño de unión pero abierto al exterior. Por eso que el arancel externo común
de los esquemas actuales es perforado habitualmente, pues ya pasó el momento de las
integraciones clásicas centradas en las cuestiones arancelarias y proteccionistas. Con la
globalización del comercio y las finanzas los espacios cerrados hoy día son inviables, y eso se
debería reconocer, pues la competitividad hoy depende de otros factores y las barreras al
ingreso de productos atentan en definitiva a la incorporación de insumos, bienes de capital y
tecnología de calidad y bajo precio para las empresas y el mismo equipamiento social.
Por su parte el diseño de aproximaciones comerciales bilaterales del Tratado de Montevideo de
1980, que reemplazó a la ALALC por la ALADI, no ha entrado francamente en los temas de
competitividad sistémica, como infraestructura, energía, logística, cooperación y políticas
comunes, tanto porque los acuerdos de complementación económica se limitan al intercambio
de bienes, como por su falta de convergencia.
Para añadir confusión, surgió en un momento clave el ALCA, un proyecto de libre comercio
hemisférico con dos Estados desarrollados y altamente competitivos, Estados Unidos y
Canadá, con un atractivo mercado, pero que exigía la homogenización de las estructuras
económicas y la apertura irrestricta de las mismas, para lo cual algunos no estaban
preparados, y otros simplemente no estuvieron disponibles.
En este cuadro combinado de modelos bilaterales limitados y sin convergencia (ALADI),
proyectos de libre comercio sin capacidad competitiva (ALCA) y Uniones Aduaneras limitativas
de la apertura individual (MERCOSUR, Comunidad Andina), es comprensible que países como
Chile, Uruguay, Perú o Colombia –cuyas posibilidades reales de desarrollo dependen de su
comercio exterior, más que de su mercado interno- quieran seguir una estrategia de inserción
económica internacional abierta y un modelo de integración que no limite sus acuerdos con las
grandes economías desarrolladas que le aseguran un mercado ampliado. Asimismo, se puede
entender que países con un gran mercado interno, como Brasil, o con fuertes ingresos, como
Venezuela, puedan darse un tiempo todavía para el crecimiento hacia adentro antes de abrirse
completamente. Si a esta diversidad ineludible se añade que las instituciones creadas no
consiguen dar seguridad jurídica para solucionar las controversias, se entienden las graves
tensiones y retardos que vivimos.
¿Cómo encontrar la ecuación que permita que en un esquema común quepamos todos, que
respete y no limite las opciones individuales, en que ninguno se sienta amenazado por las
decisiones de los demás y que mantenga la unidad básica del conjunto, pero que genere
competitividad para insertarse en la economía global?
Nos parece que lo primero es revisar la ortodoxia de la integración, que obliga a mantener
uniones aduaneras inviables, y por lo tanto ver la posibilidad de que sin dejar de integrarse,
cada país tenga la opción de asociarse comercialmente con quien le convenga. Para ello, se
debe centrar la integración -y por lo tanto la institucionalidad y los instrumentos- en las
cuestiones de competitividad sistémica, que no tienen que ver con aranceles ni barreras
comerciales. Y, por cierto, adoptar un “máximo” común denominador político, que le de
sustento y previsibilidad al proceso. Pero es fundamental estudiar a fondo estos temas,
promover que las cancillerías y las instituciones subregionales creen grupos de reflexión en
conjunto con las universidades y centros académicos, para hacer propuestas en busca de un
modelo integracionista propio. Es imprescindible que se establezca una agenda de la
integración y un itinerario, como lo hizo Europa en los peores momentos del “europesimismo”:
la Comisión Europea promovió estudios, como el libro blanco de la no-integración o “Informe
Cecchini”, y debates políticos que dieron lugar finalmente al Acta Única Europea, que fijó las
bases y el itinerario para la reforma de los tratados, el mercado único y la creación de la actual
Unión Económica y Monetaria de Europa.
Ante la crisis de los esquemas existentes, una institución regional abarcadora como la ALADI –
que por lo demás está mandatada desde 2004 por su Consejo de Ministros para estructurar un
“Espacio de Libre Comercio” mediante la armonización de los acuerdos existentes- podría
servir de soporte concreto al Foro creado en Cancún, para re-impulsar la integración y ordenar
el proceso. De otro modo, seguiremos rompiendo y remendando esquemas, superponiendo
otros nuevos y tratando, de todos modos, de ir cada cual por su lado, porque la realidad
siempre es más porfiada.