viernes, febrero 23, 2007

LA GIRA DE BUSH COMO OPORTUNIDAD

LA GIRA DE BUSH COMO OPORTUNIDAD
Héctor Casanueva
Vicerrector Académico de la Universidad Miguel de Cervantes
Director de CELARE y ex embajador de Chile

La gira del presidente Bush por cinco países latinoamericanos simbolizará, según el Departamento de Estado, lo que será un año de “interacción” con el área. El trasfondo de esta nueva ofensiva está obviamente en el cambio del mapa político regional y en el futuro de Cuba. El viaje se producirá, además, días después de la cumbre del Grupo de Río y a semanas de la conferencia sudamericana sobre energía en Venezuela. Según el vicepresidente del Diálogo Interamericano, Michael Shifter, si bien el entorno geopolítico no es favorable para revigorizar la relación, este nuevo acercamiento puede servirle a Estados Unidos para recobrar protagonismo en la región, y por nuestra parte representa una oportunidad que no deberíamos perder. Es una posición interesante, pragmática, que a mi juicio apunta en la dirección correcta, para mutuo beneficio, considerando que Estados Unidos ha invertido 350.000 millones de dólares en AL y que sigue abierta la posibilidad de llegar a una zona de libre comercio “casi” hemisférica por la vía de los TLC con la mayoría de los países. Hay que tener en cuenta que en el 2006 los intercambios comerciales entre la región y Estados Unidos ascendieron a 555.000 millones de dólares, un crecimiento promedio del 14,3%. México es el primer socio, Chile el que más crece, la CAN aumentó un 17% y el MERCOSUR, Venezuela incluida, casi un 13%. Según la Asociación de Cámaras de Comercio Estadounidense en Latinoamérica, las inversiones norteamericanas generan empleos -350.000 en Brasil- y hay programas de cooperación muy interesantes en varios países, que nada tienen que ver con ideologías. Por ejemplo en Uruguay, donde según Shapiro la empresa Microsoft coopera para capacitar a 41.000 maestros.

En esta gira asociarse más estrechamente con Brasil, asegurar los lazos con los “países amigos” y dar una potente señal política a Colombia y México, antiguos socios de Venezuela en el Grupo de los Tres, sería un éxito para Bush, que atenuaría en parte la negativa valoración de su política exterior.

¿Cuáles serían las condiciones para que este acercamiento tuviera efectos positivos? El gobierno norteamericano debe demostrar que no se trata sólo de un movimiento táctico, pasar de la retórica –el subsecretario Shapiro habla de una “agenda común para impulsar la libertad, la prosperidad y la justicia social”- a los hechos, y consensuar con la región un programa de largo plazo de entendimiento político, económico y de cooperación, como ya existe desde 1999 entre América Latina y la UE. A diferencia del viejo continente, Estados Unidos ha preferido en la práctica el diálogo bilateral o esquemas asimétricos, ignorando nuestros organismos de integración, y en especial al Grupo de Río como potencial interlocutor político. No parece que continuar esta estrategia sea su mejor camino, aunque naturalmente se vea tentado a ello debido a la emergencia de gobiernos inamistosos. Una lectura adecuada del momento que atraviesa AL indicaría que debe hacer lo contrario: buscar un entendimiento básico con toda la región, respetando su diversidad y las distintas velocidades de inserción internacional, institucionalizar el diálogo respetando las preferencias latinoamericanas y acordar una agenda común de largo plazo. El Grupo de Río puede ser sin dudas nuestro instrumento, y de paso este grupo, que busca su destino en un contexto distinto al que le vio nacer, justificaría aún más su existencia al sumar a su actual interlocución con Europa similar cometido con la primera potencia mundial.

¿Cuáles serían los beneficios para América Latina? Aparte de que una mejor interlocución es de por sí beneficiosa, si la región juega bien sus cartas puede hacer, en lo político, sinergia trilateral con Europa y Estados Unidos en la relación con el Asia y en los temas de gobernabilidad global; y en lo económico mejorar las condiciones de negociación del dormido ALCA para abrir el mercado norteamericano en un esquema realista en el que quepan desde Venezuela hasta Chile. Se necesita de ambos lados imaginación y voluntad política, pero también saber leer prospectivamente y aprovechar las oportunidades que brinda la coyuntura.

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viernes, febrero 02, 2007

POLÍTICA Y PARTIDOS HOY

POLÍTICA Y PARTIDOS HOY
Por Héctor Casanueva
Vicerrector Académico de la Universidad Miguel de Cervantes
Miembro del Directorio de la Sociedad Política y Espíritu

Hay un profundo cambio en la percepción de la ciudadanía sobre la representación política, el papel de los partidos, el rol de los parlamentarios y el sentido del voto. Fenómeno que no sólo se da en Chile sino en todas partes. Este artículo propone una reflexión sobre algunos elementos centrales de lo que significa hacer política en los nuevos tiempos.
La función de representación política propia del sistema de partidos ya no es entregada por las personas solamente a éstos. Se ha producido una diversificación de actores políticos que disputan e incluso superan a los partidos en la tarea de expresar las necesidades, inquietudes y problemas que aquejan a los grupos sociales, núcleos familiares y personas individualmente. Ha habido una emergencia de ONGs, de colectivos ciudadanos agrupados en torno a los más variopintos intereses y vocaciones, de grupos inorgánicos pero muy activos de vecinos en torno a problemas puntuales, y en general una movilización social para ocuparse de sus problemas.
Hay, asimismo, una nueva relación de la gente con el poder, que nace por tres causas complementarias:
• El cierre de los espacios de expresión política y comunicacional ocurrido durante la dictadura, prohibidos los partidos y censurada la prensa, obligó a las personas a buscar formas de organización y generar capacidades endógenas de análisis de la realidad y de expresión de sus problemas y necesidades, desconfiando sistemáticamente de la autoridad, desconfianza que alcanzó incluso a la idea misma de la función de los partidos y que se refleja hasta hoy en una bajísima –pero objetivamente muy injusta en el caso de Chile- estimación ciudadana por el desempeño de la autoridad y de los políticos. Esta misma situación se da también en sociedades que aunque no han tenido dictaduras, el sistema político no ha sido capaz de canalizar y resolver los problemas de la gente.
• La incapacidad de los partidos, una vez recuperada la democracia, para abrirse a estas expresiones ciudadanas e incorporarlas en su trabajo cotidiano, venciendo la desconfianza existente hacia cualquier forma de autoridad. Ha existido objetivamente un cierre corporativo en los partidos, constituyéndose en especies de clubes de iniciados, en que los mismos rostros se repiten a lo largo de los años y para los que el ejercicio del poder -independientemente de que lo hayan ejercido bien o no- pasa a ser una especie de patrimonio perpetuo que se reparte entre los iniciados. La “movilidad política” al interior de los partidos ha sido escasa, y para los pocos actores nuevos que lo consiguen, la única forma de emerger y situarse políticamente es la adhesión a la nomenclatura, o transformarse en outsiders contestatarios per se, lo que atenta contra la idea misma de partido político.
• La mayor cobertura que los medios de comunicación -especialmente la televisión- dan a los problemas concretos cotidianos de la gente a nivel micro, unida al surgimiento del Internet, que sin dudas democratiza cada vez más la comunicación pública. Esta amplia visibilidad de la problemática social más impactante, junto a la apertura de espacios de expresión en los medios para que las personas comunes y corrientes canalicen sus opiniones, exijan soluciones a sus problemas e incluso expresen sus iras y frustraciones, produce un fenómeno de prescindencia de la intermediación. Van más rápido y más al fondo que los partidos. Es una suerte de democracia ateniense que se vive a través de los medios de comunicación abierta. Surgen además, como en España en los 70, las “radios libres”, los canales de TV de barrio, realidades a las que los medios institucionalizados, y los propios políticos, se ven obligados a abarcar también y convivir e incluso interactuar con ellos.
En la sociedad chilena, especialmente en los sectores urbanos y semi-rurales, se produjo el cambio del “menú de demandas”, que como la ciencia económica indica, siempre son crecientes y progresivas, frente a recursos limitados. En efecto, la población, en especial la llamada clase media -una amplia gama que va desde obreros semicalificados hasta profesionales- ahora demanda mayor calidad en bienes y servicios, más respeto por sus derechos, y mejor atención por parte del Estado. Por ejemplo, las viviendas sociales a las que fueron erradicados los campamentos representaron un avance, pero siguen siendo insuficientes en tamaño y servicios. El acceso masivo al equipamiento del hogar y al automóvil, demanda, asimismo, espacios más amplios. Hay mayor exigencia de que los espacios públicos sean amables, acogedores, con áreas verdes, iluminados, seguros. En nuestra campaña pudimos ver sectores en Huechuraba o en Cerrillos cuya infraestructura comunitaria era mínima o inexistente, donde estaban enclavados bloques de departamentos de 40 metros cuadrados con cinco o más personas soportando 33º de calor. Desde luego, todo era mejor que el campamento, pero satisfecha la necesidad básica de techo, emergen las siguientes.El efecto demostración, y el agravio comparativo consiguiente, que se produce debido a la amplia información ciudadana originada por la masificación de la TV y el crecimiento del cable y la Internet, han generado una revolución de las expectativas sociales. La publicidad inunda los hogares más humildes con propuestas inalcanzables y difunde paradigmas estéticos y de bienestar económico claramente discriminatorios e irritantes, que generan un sentimiento de impotencia en la mayoría de la población, especialmente en los sectores más carenciados o con menos oportunidades.
Ante esta nueva percepción y realidad político-social, se ha instalado con mucha mayor fuerza que en el pasado, y de manera irreversible, la demanda por dignidad y trato igualitario, es decir, por el respeto. Ya no se trata sólo de pedir soluciones a problemas materiales, sino de exigir trato igualitario. La sensación de ser siempre postergado, de que los “apitutados” siempre se saltan la cola y los tiempos de espera, de que no todos llevan la misma carga, está ya muy arraigada. La idea es que los privilegiados son los que están en el poder, digan lo que digan, incluyendo en esto a los políticos. A ello han contribuido, sin dudas, los propios políticos, a quienes se elige para que defiendan los derechos de las personas y en cambio se les ve muchas veces preocupados de temas ajenos a la cotidianidad ciudadana y disfrutando ostensiblemente de los beneficios y privilegios que da el poder.
En el contexto de lo señalado hasta aquí, desde luego que la clásica teoría de la representación política que todavía manejan nuestros partidos salta por los aires. Ni siquiera el “cosismo” de Lavín es capaz de responder al fenómeno, puesto que el cambio de la relación ciudadano-partidos-autoridad va más allá de demandas materiales y tiene que ver con una demanda por una “cultura de la igualdad” que permee y traspase el todo y las partes de la sociedad, con la gente como protagonista, a cargo del poder, intermediada por partidos y múltiples organizaciones, más o menos estructuradas, sólo en cuanto éstos encarnen esa cultura y se hagan cargo en los hechos, de manera cotidiana y visible, tanto de la construcción de una convivencia justa y digna -el viejo “bien común”- como de solucionar y anticiparse a los problemas de las personas.
Incluso esta nueva percepción ciudadana, como ha quedado demostrado en varias ocasiones, es capaz de entender, justificar e incluso perdonar errores o deficiencias en la función pública, siempre que perciban al mismo tiempo que hay un efectivo esfuerzo y un real interés, auténtico, con la transparencia y la búsqueda de soluciones. Es decir, en esta nueva relación se premia el compromiso genuino además de los resultados, en un marco de una cultura de la igualdad de la que surjan las soluciones. No basta con entregar viviendas, si estas y su entorno no cuentan con una homologación básica con los parámetros de igualdad que protegen la dignidad de las personas. No basta con declarar a la gente “representada”, sino que ésta quiere sentirse efectivamente representada.
La gente conceptualiza, por lo tanto, la función política de una manera distinta a como esta actividad está institucionalizada, y distinta también a como lo entiende la mayoría de los partidos y sus actores. De ello derivan nuevas y diferentes demandas, que ya en la campaña del 2005 tuvieron evidentes consecuencias electorales. Al respecto anotemos algunas consideraciones:Primero, las personas entienden que la labor de un parlamentario es primordialmente la de proteger, defender y representar sus derechos ante la autoridad, canalizar la solución de problemas específicos, y secundariamente la tarea legislativa propiamente tal. Es decir, en lugar de la clásica función de elaborar las leyes teniendo en cuenta a los representados, se pasa a exigir a los parlamentarios una tarea casuística -que corresponde a jefes de servicio, a alcaldes y concejales- y a la vez una función forense de defensa de derechos ante la autoridad. Frente a esta realidad, se produce un dilema en los parlamentarios: o se dedican a legislar conscientemente, para lo cual es preciso estudiar mucho, trabajar en comisiones especiales, elaborar propuestas de alta complejidad, o tomar la tarea legislativa con menos rigor, pero dedicar la mayor parte de su tiempo a la casuística exigida por los electores. Y para los candidatos al parlamento, la alternativa es claramente la de auscultar los problemas específicos y comprometerse a su solución aún a sabiendas que no es precisamente su función.
Ejemplos claros de las consecuencias de esto han sido, invariablemente, las derrotas de buenos legisladores, que cumplieron a cabalidad la función que les exige la Constitución, y de candidatos que no estaban dispuestos a prometer un desempeño que en realidad legalmente no les corresponde, y por ende no han sido tan activos en atender esa casuística que las personas consideran que deben ser cubiertas por el parlamentario.
Solucionar esta dicotomía es una de las tareas que deben acometer los partidos y la propia institución parlamentaria, sin caer en la tentación de avalar esta distorsión con el fin de captar votos, sino más bien generando una pedagogía política que sitúe cada cosa en su lugar, atendiendo al nivel que corresponda las demandas reales de la gente.
Segundo, el ejercicio del poder a través del voto va pasando progresivamente del “voto-premio” a la labor realizada por un alcalde, concejal, parlamentario o autoridad electa, al “voto-expectativa” respecto de lo que puede llegar a hacer en su beneficio un determinado candidato. Cuando en un político coinciden una buena labor cumplida y buenas propuestas, confluyen el voto-premio con el voto-expectativa y le va bien. Pero la sola trayectoria no basta, así se demostró en las elecciones pasadas aunque estemos de acuerdo en que es injusto. El voto-expectativa va mayoritariamente, por ejemplo, hacia candidatos jóvenes y nuevos rostros, candidatos no tradicionales surgidos de otros colectivos y no sólo de los partidos, y también hacia figuras públicas –del sector privado e incluso de la farándula- a las que por su presencia mediática se les suponen determinadas cualidades o simplemente generan empatía con los electores.
Las supuestas capacidades que se les atribuyen por este solo hecho, muchas veces no se ven reflejadas en la labor posterior, pero los partidos tienen la tentación de incorporar este tipo de figuras, con la sola intención de captar mas votación. En este tema, sin dudas que la alta exposición mediática es un plus, aunque no sea garantía de competencia.
Existe también, eso sí, el voto-castigo para quienes han defraudado las expectativas. Pero he ahí un problema muy serio: la gente quiere promesas respecto de cosas que no está en las manos de los parlamentarios resolver. No obstante, si el candidato no las hace, no es elegido. Como no las cumple, será castigado en la próxima elección, a menos que elija un camino irresponsable.
Tercero, la exigencia de que el parlamentario se erija en defensor cotidiano y casuístico de los derechos de sus representados frente a la autoridad y en general frente al poder, sea éste político o económico, va generando el síndrome del “Robin Hood”, o sea el parlamentario que embiste a nombre de los ciudadanos en contra de la autoridad y de los poderes fácticos, ya sea denunciando o exigiendo, sin demasiada prolijidad, muchas veces de manera injusta o exagerada, pero con un fuerte apoyo mediático, que lo presenta ante la ciudadanía como un paladín de la justicia. Incluso -como lo demuestran encuestas y focus group- se le perdonan estas faltas de prolijidad o excesiva exposición, porque en definitiva es “la voz de los que no tienen voz”, y porque la gente quiere sentirse defendida e incluso interpretada en su “bronca” frente al poder.
Es un tema de difícil manejo para los partidos, porque en la representación está comprendida, sin duda, la defensa de los derechos de los representados, así ha sido siempre, y con mayor razón incluso en momentos dramáticos de nuestra historia. De manera que no se trata de desconocer esta obligación política, pero si de evitar que se desnaturalice y trivialice al punto de transformarse simplemente en un medio para ser elegido y mantenerse en el poder. Si de todo lo expuesto se pudieran sacar algunas conclusiones útiles para los partidos y para los políticos, que tienen escasa credibilidad y son mal evaluados, habría que decir resumidamente lo siguiente:
Que necesitan transformar sus estructuras obsoletas para dar cabida a los nuevos actores que emergieron. Ello implica una nueva orgánica, más ágil, especializada y con movilidad interna.
Mejorar el sistema de movilidad interna para el surgimiento de nuevos y mejores dirigentes y de candidatos de calidad para la función pública.
Incorporar en sus programas los nuevos temas de la agenda ciudadana y de la compleja realidad del siglo XXI.
Aplicar en su trabajo cotidiano la trilogía “propuestas-compromiso-testimonio”.
Abocarse decididamente a generar una pedagogía política que valore y sitúe la función pública en la estimación ciudadana como uno de los activos del país.
Modernizar su gestión y hacerse cargo de las nuevas formas de relación con los ciudadanos, poniendo especial atención a la fuerza de los medios de comunicación, incluyendo la Internet. En esto no cabe la improvisación ni la figura del político genial, ni de la genialidad “spot”, sino un uso profesional de los medios para llegar mejor al ciudadano.
Establecer sistemas de evaluación y control del desempeño de sus representantes en las instituciones del Estado.
Disponer de equipos técnicos (“Think Tanks) como generadores de propuestas de corto y largo plazo, y de apoyo a la función de los representantes en las instituciones del Estado.