martes, diciembre 31, 2013

ACUERDO DE ASOCIACIÓN CHILE-UNIÓN EUROPEA

DIEZ AÑOS DE ASOCIACIÓN CHILE-UNIÓN EUROPEA: ¿COMO SEGUIR?
 Héctor Casanueva

Se han cumplido diez años del acuerdo de asociación con la Unión Europea, el más avanzado que la Europa comunitaria suscribió en su momento con un país tercero, abarcando el diálogo político, el comercio y la cooperación. No cabe duda que el balance por ambos lados es positivo, especialmente para Chile, que incrementó casi tres veces sus exportaciones, el 98.7% de sus productos entran libres de aranceles, recibió importantes inversiones y mucha cooperación financiera, académica y técnica en diferentes formas.

En este lapso de tiempo, la UE ha suscrito acuerdos similares, siguiendo el modelo del chileno, con Perú, Colombia y Centroamérica, que se suman al que ya había concretado con México. Y negocia todavía con el Mercosur, sin descartar que se llegue a firmar inicialmente solo con Brasil. Durante estos años, también, se han producido otros movimientos en Latinoamérica, como la creación de UNASUR, el ALBA y CELAC, y más recientemente pero con mucha fuerza, la Alianza del Pacífico, que integra a cuatro países que tienen acuerdos con la UE, que son Chile, Colombia, Perú y México. Al mismo tiempo, una iniciativa originalmente acotada, como el Transpacific Partnership (TPP), creado por Chile con Singapur, Brunei y Nueva Zelanda, se ha ampliado hasta ser una opción estratégica en el Pacífico para Estados Unidos, y un importante referente para México y Perú, que junto con Chile comparten además un TLC con ese país. Por su parte, la UE comenzó a negociar un superacuerdo comercial y de inversiones con Estados Unidos, inició lo mismo con Japón y se apresta a hacerlo con China. En medio de todo esto, la UE sufre una de sus peores crisis económicas, con incidencia en las bases mismas de su sistema de integración, de la que trata de salir con un menú de iniciativas institucionales, financieras y funcionales, como el proyecto Europa 2020.

Con este telón de fondo, que va a condicionar el desarrollo de las relaciones de Chile con la UE en sus tres dimensiones, mercado en el que competimos ahora con otros países de la región, y competiremos con las exportaciones asiáticas y norteamericanas, todos coinciden, sector privado y público, en que se ha cumplido un ciclo, la realidad ha cambiado, es muy dinámica, y por tanto corresponde pasar a una nueva fase. El gobierno de Chile ha invocado para ello la cláusula evolutiva del acuerdo, y presentado unas propuestas a la Comisión Europea, que las está considerando. Sin conocer el contenido específico del planteamiento chileno, pero basado en lo que informaron el canciller Moreno y el director de la Direcon en un seminario de la SOFOFA, más lo señalado por el embajador de la UE, las conversaciones iniciadas para “profundizar” y “modernizar” el instrumento estarían centradas, por parte de Chile, en temas medioambientales, laborales, y de propiedad intelectual; y por parte europea, en aspectos sanitarios, fitosanitarios, protección de inversiones y apertura del sector servicios.

Si bien todos estos aspectos permitirían efectivamente profundizar y modernizar el acuerdo, nos parecen solamente inerciales, una continuidad progresiva pero lineal, insuficientes para hacer frente al telón de fondo descrito, tanto para la UE como para Chile, pero en especial para nuestro país, que con su evidente rezago de productividad, evidenciado por numerosos rankings internacionales, pierde competitividad global y le será muy difícil aprovechar a fondo las oportunidades del mercado europeo, sofisticado y crecientemente ecologizado, y accesible para más competidores. Más aún si vemos que otros países de nuestro entorno, como Brasil, han hecho contundentes apuestas en formación de capital humano, investigación e innovación para ganar competitividad.


El desarrollo de la relación comercial con la UE puede verse incrementada con estas modernizaciones que se anuncian, pero serán marginales si nuestro país no estructura con la UE una nueva agenda completa, sistémica, que abarque tanto el acuerdo de asociación como el acuerdo de ciencia y tecnología recientemente renovado, generando un nuevo estatus de relaciones que ponga el acento, primero, en el diálogo político sobre gobernanza económico-comercial global y bilateral, para evitar previsibles y negativas consecuencias para Chile de los macroacuerdos en que la UE está empeñada con Estados Unidos, Japón y China. Segundo, que se focalice en la cooperación científico-tecnológica, insertándonos con ventaja de socios en los agresivos  programas comunitarios de investigación e innovación Horizonte 2020 y Erasmus Plus que se inician el próximo año, que están directamente relacionados con la productividad y competitividad de la economía, de los que podemos beneficiarnos para recuperar dinamismo productivo y mejorar nuestra inserción económica internacional. Eso, sin descontar que habría que retomar lo acordado con la UE en 2009 para una agenda de desarrollo conjunta, orientada hacia América latina, lo que cobra especial vigencia con nuestras nuevas alianzas en la región y con nuestra compleja relación vecinal.

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DEBATE SOBRE EL ESTADO DEL BIENESTAR

Estado del bienestar: un debate mal planteado
Héctor Casanueva

El discurso del rey de Holanda ante el Parlamento, en el que señala la insostenibilidad del “clásico Estado del bienestar” y su sustitución por una “sociedad participativa”, ha caído como agua de mayo a los euroescépticos y a la derecha del Estado minimalista en Europa y también por estos lados. Curioso, además, que lo plantee un monarca en un país gobernado por la socialdemocracia, que es el cuarto del mundo en el Índice de Desarrollo Humano, tiene un desempleo en torno al 7% y un per cápita de US. 46.000.- ¿Qué queda entonces para España o Grecia? ¿Y para nosotros?

Desde que la crisis de 2008 comenzó a poner en evidencia los problemas financieros de los países europeos, se volvió a instalar con mucha fuerza el debate iniciado hace tres décadas por el thatcherismo, acerca del modelo de protección social característico del viejo continente, llamado “Estado del bienestar”, y que es indisociable del proceso de integración de Europa, basado en solidaridad, paz y cooperación.

Las dificultades para asegurar su financiamiento, con los consiguientes recortes presupuestarios en las prestaciones, así como los efectos del reto demográfico, entre otros factores, pero especialmente la crisis de empleo, especialmente juvenil, generan una distorsión en este debate. Por un lado se considera que la crisis es consecuencia del modelo, y por otra quienes la sufren exigen que el Estado no solo mantenga, sino intensifique las políticas de protección social, pese al problema real de financiamiento público, producto a su vez, de una pérdida de competitividad de las economías europeas, incapaces de crecer y crear empleo.

La discusión sobre el modelo se ha trasladado con cada vez mayor intensidad a América latina, donde se han ido alineando tres posiciones: una de derechas, muy crítica del modelo europeo y que coincide en atribuir al mismo su crisis financiera, con la consiguiente advertencia de que no se nos ocurra adoptarlo, abogando por políticas asistenciales muy acotadas y una protección social centrada en la responsabilidad individual; otra, de izquierdas, que aboga por un Estado fuerte y protector, muy presente en los distintos frentes de la vida económica y social, con importantes dosis de populismo, y muy riesgoso en términos de estabilidad económica. Una tercera, que podríamos llamar de centroizquierda, cuyo planteamiento es de un Estado que asegure una protección social universal básica en educación, salud y pensiones, debidamente financiada a través del crecimiento económico y políticas fiscales responsables.


Si queremos despejar el tema central y de fondo, cual es el rol del Estado en la sociedad, creo del caso hacer algunas consideraciones para aportar al necesario análisis del tema, justamente cuando en Chile y otros países se avanza en sistemas de protección social que tienen como referente la experiencia europea, con la ventaja de que podemos observar sus fortalezas y debilidades en medio de una crisis que no estamos sufriendo. Lo primero es distinguir entre "Estado del bienestar" y "estado benefactor", pues no significan lo mismo. El primero, implica una responsabilidad que debe asumir el Estado como garante del bien común, en una concepción solidaria de la organización social, para hacerse cargo como sociedad de garantizar estándares mínimos de calidad de vida a toda la población, dadas las inequidades que inevitablemente se generan en el cuerpo social por la sola aplicación de las leyes del mercado. Lo segundo, que es a lo que se dirige la crítica de la derecha más consciente, implica una deformación y extralimitación del concepto anterior, ya que traspasa solamente al Estado las responsabilidades de la propia vida, y ello evidentemente no solo implica una injusticia, sino un adormecimiento de las capacidades de emprendimiento, con las consecuencias de pérdida de productividad y competitividad general, además de ser insostenible financieramente. A esto último es que se refirió el rey de Holanda, y a lo que se refieren muchos partidos y líderes europeos, CDU incluida, que necesariamente debe ser reformado, avanzando hacia la necesaria “co-responsabilidad” en el bienestar, pero en ningún caso se debe interpretar como el llamado al abandono de una política social que está en la raíz y el fundamento mismo de este modelo. Hace unos meses, la ministra de asuntos sociales de Francia, Mme. Marisol Touraine, en un interesante coloquio en la Universidad Central de Chile, nos afirmaba categóricamente que el estado del bienestar no estaba en discusión, sino su financiamiento. Y así como el rey holandés plantea una "sociedad de la participación", para connotar esa co-responsabilidad en el bienestar social, Felipe González y otros líderes plantean el concepto de una "sociedad del bienestar", pero todos apuntando a lo mismo. En América latina estamos entrando en un largo período electoral, empezando por Chile en noviembre, y seguido de varias elecciones presidenciales en otros países entre 2014 y 2015, que se dan en momentos en que la economía mundial, especialmente asiática, parece ralentizarse, parece muy oportuno que los programas de las candidaturas tomen en consideración este debate y la experiencia europea, y adopten las propuestas más adecuadas a cada realidad para asegurar políticas públicas apropiadas.

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